Implementación de Políticas Públicas Ambientales en Argentina Dos estudios de caso: bosque nativo y residuos peligrosos (2007-2011)

El presente proyecto se orienta a describir la implementación de políticas ambientales de la provincias más industrializadas y pobladas de la Argentina: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba esto se efectuará mediante el estudio de dos casos: el de los residuos peligrosos y el de los bosques nativos, entre los años 2007 a 2011.

Desde hace al menos tres décadas, las cuestiones denominadas “ambientales” han venido adquiriendo cada vez mayor centralidad, despertando el interés y la preocupación tanto en ámbitos políticos, jurídicos y científicos como en los medios de comunicación y en la población en general. Asimismo, la mentada “crisis ambiental” suele ser presentada sin ambages como una “crisis civilizatoria” a la que debe enfrentarse la humanidad en su conjunto (Leff, 1998, 2007; Mayorga, 2005; Wallerstein, 1995). Por otro lado, se suele señalar, desde los mismos organismos internacionales que ponen su atención en los problemas medioambientales,  a los patrones de consumo y producción imperantes y al ritmo acelerado de extracción y modificación de recursos como los principales factores que contribuyen a generar graves deterioros al medio ambiente[1]. Entre tales daños se cuentan el creciente calentamiento del planeta, el avance de la desertificación, el debilitamiento de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad y de bosques nativos, además del alarmante aumento en la generación, complejidad y peligrosidad de residuos por parte de actividades industriales y de prestación de servicios[2].

Al mismo tiempo, se vienen multiplicando los instrumentos legales Nacionales e Internacionales así como los espacios institucionales estatales y no estatales que llevan inscripto su carácter “ambiental” y sus objetivos de protección y conservación del medio (Acuña, 1999;  Durán de la Fuente, 1997; Pérez, 1996; Gabaldón, 2001; Juliá, del Campo, Foa Torres, 2009). En ese contexto, el nuevo orden jurídico, político e institucional formulado en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional representa un profundo cambio en el sistema argentino que viene operándose en forma paulatina y sostenida hasta el presente, lo que puede observarse con diversa intensidad en el período considerado de acuerdo al corte espacio-temporal que realicemos en el sistema (Juliá, 2006a).

Sin embargo, son escasos los trabajos en Argentina referidos a políticas ambientales y, en especial, al objetivo de este proyecto, es decir, la descripción de los procesos de implementación de políticas mediante la producción de conceptos, dimensiones, variables e indicadores.

Los casos de residuos peligrosos y bosques nativos, ya sea en cuanto al riesgo de grave afectación de ecosistemas por sustancias tóxicas capaces de dañar gravemente la vida y salud de seres humanos y demás seres vivos, como en cuanto al gradual proceso de pérdida de bosques autóctonos por la irracional explotación y expoliación de recursos naturales, constituyen verdaderas prioridades para las diferentes gestiones a los fines de hacer cumplir el mandato constitucional del “derecho a un ambiente sano y equilibrado”.

Por último, el presente trabajo implica la continuación de la línea de investigación desarrollada en los proyectos avalados y subsidiados por SECYT titulados: “El principio precautorio en la institucionalidad ambiental en Argentina” (2008-2009) y “Formulación y ejecución de políticas públicas ambientales en Argentina” (2010-2011). En se marco, la intención de este proyecto es constituirse en una nueva instancia en la búsqueda por dar cuenta de la situación y desarrollo de las políticas públicas ambientales en Argentina así como de el proceso de estructuración del nuevo orden ambiental abierto en Argentina por la reforma constitucional de 1994.[3]

[1] En esa línea, el informe “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial” del Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que “el consumo de recursos es un promotor fundamental de la degradación del medio ambiente” (P.N.U.M.A., “Panorama General”; 2000; Nairobi; en la web: http://www.unep.org ). Asimismo, “La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” expone como segunda conclusión: “los cambios efectuados a los ecosistemas han contribuido a obtener considerables beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos beneficios se han obtenido con crecientes consistentes en la degradación de muchos servicios de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios costos no lineales, y la acentuación de la pobreza de algunos grupos de personas” (P.N.U.M.A., 2005; La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio; en la web: http://www.pnuma.org).

[2] En este sentido ya se pronunciaba el Convenio de Basilea sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación del año 1989, el cual en su preámbulo afirmaba  que “las partes en el presente convenio (…) [tienen] presente el peligro creciente que para la salud humana y el medio ambiente representan la generación y la complejidad cada vez mayores de los desechos peligrosos y otros desechos, así como sus movimientos transfronterizos”. En tanto que la declaración ministerial del año 1999 efectuada por los países signatarios del Convenio de Basilea reconoce que  “a pesar de los esfuerzos hechos durante la primera década de vigencia de la Convención de Basilea, la generación de desechos peligrosos ha continuado creciendo a nivel global y los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos son todavía un tema de preocupación” (en la web: http://www.basel.int).

[3] En el primer proyecto indagamos y describimos la situación (a partir de 1983 y actual) de la institucionalidad ambiental en Argentina.  Se tuvieron en cuenta los elementos que forman parte del espacio institucional, la jerarquía otorgada en cada caso, el rol del derecho ambiental y las diferentes manifestaciones institucionales. En el segundo profundizamos la formulación de políticas, las modalidades y formulaciones en las temáticas seleccionadas Los trabajos han significado un verdadero proceso de comprensión, identificación, análisis de un conjunto de conceptos, visiones, posiciones, enfoques que nos han permitido ordenar y precisar los aspectos más trascendentes a tener en cuenta en la presente y para la replicación en futuras investigaciones.

Objetivo general

Describir la implementación de políticas públicas ambientales de las provincias de la Región Centro, a partir del estudio de los casos “bosque nativo” y “residuos peligrosos” (2007-2011).

Objetivos específicos

-Relevar los instrumentos de formulación de políticas públicas ambientales referidas a bosque nativo y residuos peligrosos de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

-Identificar los mecanismos jurídicos, institucionales y de gestión utilizados para implementar las políticas.

-Construir indicadores para la evaluación de la implementación de políticas de residuos peligrosos y bosque nativo.

-Comparar y analizar las políticas en cada caso llevadas adelante por las provincias de la Región.

-Desarrollar modelos de construcción de datos sobre implementación de políticas públicas ambientales pasibles de ser replicados en otras jurisdicciones.

Directora: Dra. Marta Susana Juliá

Integrantes: Dra. Cristina del Campo; Ab. Jorge Foa Torres; Ab. Silvia Blarasin; Ab. Carolina Ulla; Ab. Maria Victoria Gauna; Ab. María Emilia Coni Ceballos

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